La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y Unicaja firmaron ayer un convenio para la financiación de la venta de 9.000 pisos de VPO en toda Andalucía, que actualmente están arrendados a ciudadanos con escasos recursos (menos de 18.000 euros). Los precios de estas viviendas oscilan entre los 17.548 y los 30.155 euros y la superficie media de las mismas es de 70 metros cuadrados.

Los vecinos interesados -que llevan amortizados de media unos 3.000 euros con el pago de sus alquileres- pagarán una media de entre 28 y 45 euros mensuales. Los préstamos de Unicaja serán ofrecidos a los actuales inquilinos por EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía), propietaria de los inmuebles como los existentes en la Barriada de La Paz.

Hay que tener en cuenta que esta  iniciativa sólo está dirigida a los inquilinos de los inmuebles de alquiler del parque público que quieran convertirse en propietarios. En la provincia hay unas  1.564 residencias de este tipo repartidas entre Cádiz y Jerez que se podrán beneficiar de unas condiciones realmente ventajosas a la hora de firmar las hipotecas.

Requisitos

En plena crisis y con el grifo del crédito bancario totalmente seco, el mercado se empieza a mover aunque sea con aval público. Pero la oferta sólo estará abierta a aquellos que lleven al menos cinco años residiendo en los pisos de la Junta y que sus ingresos no superen los 18.000 euros anuales -lo que equivale a 2,5 veces el Iprem-. Los que salen a la venta son sus propios domicilios por precios que oscilan entre 30.155 y 17.648 euros. Ese acuerdo permitirá establecer cuotas entre 28 euros mensuales para los más baratos y 45 para los más caros. Posiblemente algunos de los padres de los beneficiarios habrían pagado más por sus viviendas veinte años antes.

«Se trata de hacer propietarios a arrendatarios con el mismo esfuerzo mensual en términos de pagos de la cuota». Ese es el principal objetivo de este plan, según explicó ayer el consejero del ramo, Juan Espadas. Acompañado del presidente de Unicaja, Braulio Medel, el titular de Vivienda aclaró que las familias que no deseen optar por suscribir una hipoteca, puesto que la cuantía que han de pagar para adquirir su piso es mínima, podrán solicitar préstamos personales.

La antigüedad de los inmuebles es de entre diez y veinte años. Las más baratas son las que llevan más tiempo edificadas y se encuentran en barriadas degradadas de grandes capitales o en municipios pequeños.

De una forma u otra, las familias interesadas deberán dirigirse hacia cualquier sucursal de Unicaja para presentar sus datos y su declaración del IRPF. El aval será la propia Empresa Pública de Suelo (Epsa). De esta manera, en el caso de impago la vivienda volvería a manos de la Junta y el propietario pasaría a ser nuevamente inquilino. «En ningún momento tendría que abandonar el piso», explicó el consejero.

Esta no es la primera vez que se lleva a cabo un plan similar. Ya en el 2000 se firmó un acuerdo parecido con la misma entidad financiera para más de 4.000 inmuebles. Los ayuntamientos también lo han puesto en práctica. Sin ir más lejos, el Consistorio gaditano le ha dado salida a 700 de los 2.400 pisos que tiene en propiedad a precios de entre 15.000 y 18.000 euros, lo que reduce su parque inmobiliario.

Fuente: www.lavozdigital.es