Esta normativa fue aprobada en el pleno del 5 de febrero, a la que la asociación de consumidores FACUA ha presentado unas veinte posibles modifiaciones, al considerar que se limita la participación ciudadana.

La norma se pretende impulsar el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre Ayuntamiento y ciudadanos, con el objetivo de facilitar la participación de lo segundos, pero sin embargo en el texto aprobado se recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento decida que entidades están obligadas a dirigirse a él, exclusivamente, utilizando las nuevas tecnologías.

La asociación considera que la incorporación de las nuevas tecnologías a las relaciones entre administraciones públicas y ciudadano debe realizarse con la finalidad de facilitar las relaciones entre ambos, pero ello no debe suponer una discriminación de aquellos que todavía no estén capacitados o formados para hacer uso de las mismas, por lo que debe asegurarse que, mientras que no se produzca dicha incorporación, no se vean mermados en sus posibilidades de participar o reclamar.

Por ello solicita que el uso del nuevo registro electrónico tenga carácter voluntario salvo en los supuestos de utilización obligatoria establecidos en la normativa vigente de ámbito estatal o autonómico, y que esté se reintegre en el registro general municipal.